martes, 24 de noviembre de 2015

Un nuevo Reglamento de pesca en aguas profundas de la UE.
La destrucción continúa mientras los Gobiernos retrasan la reforma.
¿Qué hay debajo?
A lo largo de la zona de aguas profundas del Atlántico Nordeste se abre un abismo frío y oscuro rebosante de vida. Deslumbrantes hábitats de aguas profundas, como por ejemplo los arrecifes de coral de aguas frías, los campos de esponjas y los jardines de coral, se han desarrollado durante miles de años, y apenas estamos empezando a entender el papel fundamental que desempeñan en los ecosistemas oceánicos y los potenciales beneficios que la gran multitud de criaturas de estos entornos, que siguen descubriéndose día tras día, tienen para la medicina, la innovación industrial y el almacenamiento de carbono.
Estas formas de vida son excepcionalmente vulnerables: en ausencia de la luz solar, las especies de aguas profundas maduran y se reproducen de forma extremadamente lenta, lo cual las pone en desventaja frente a algunas prácticas pesqueras industriales. El arrastre de aguas profundas, identificado por los científicos como la principal amenaza directa para los ecosistemas de aguas profundas, ha agotado comunidades enteras de peces de aguas profundas.
Vastas extensiones del lecho marino pueden quedar devastadas por una única pasada de los arrastreros que, con sus gigantescas redes, sus pesados rodillos o cadenas y puertas de acero, capturan y destruyen todo a su paso de forma indiscriminada.
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha destacado en varias ocasiones todos estos peligros, y desde 2004 ha ido adoptando resoluciones cada vez más firmes que comprometen a la UE y a otros países a tomar medidas urgentes para subsanar la situación. Ya es hora de que la Unión Europea cumpla estos compromisos contraídos.
La UE y las aguas profundas
La UE tiene una de las mayores flotas pesqueras de aguas profundas del mundo, mientras que, al mismo tiempo, las poblaciones de peces de aguas profundas del Atlántico Nordeste se encuentran entre las más intensamente explotadas del planeta. Tan sólo tres países, Francia, España y Portugal, se encargan de realizar alrededor del 90% de las capturas de especies de aguas profundas de la UE; en el caso de Francia y España, dichas capturas ofrecen un rendimiento económico insignificante. Las capturas de aguas profundas representan menos del 1% del valor total del pescado desembarcado por las flotas de la UE en el Atlántico nordeste, y la mayoría de flotas de pesca industrial de especies de aguas profundas no serían económicamente viables sin las subvenciones públicas.
El actual régimen de gestión de las pesquerías de aguas profundas de la UE en el Atlántico nordeste no está funcionando. Pasados más de 10 años desde su introducción (en 2002), casi la mitad de las especies “reguladas” por la actual legislación sigue careciendo de límites de captura; en 2010 el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (CIEM) clasificó las capturas de pescado de aguas profundas de la UE como al 100% “fuera de los límites biológicos de seguridad”; las poblaciones de peces agotadas no se han restablecido, y los ancestrales ecosistemas marinos vulnerables permanecen en gran medida desprotegidos ante las destructivas prácticas de la pesca de fondo.
Para poner aún más de manifiesto la urgente necesidad de adoptar un nuevo reglamento, en junio de 2015 la UICN publicó por primera vez la Lista Roja Europea de Especies Marinas, que clasifica dos de las principales especies capturadas de forma dirigida por los arrastreros de aguas profundas franceses y españoles frente a las costas irlandesas y escocesas como “en peligro” (granadero) y “vulnerable” (maruca azul).
Más de 300 científicos pidieron en 2013 a los Gobiernos que acabaran con el arrastre de fondo de aguas profundas. Un número cada vez mayor de ciudadanos de la UE está de acuerdo con esta demanda, un hecho que queda patente en la decisión de varias cadenas de supermercados de dejar de vender pescado de aguas profundas capturado de forma no sostenible. Los Estados miembros de la UE ya no pueden permitir que siga en vigor un sistema que deja la puerta abierta a una destrucción irreversible.
En julio de 2012, la Comisión Europea publicó una prometedora propuesta legislativa para revisar en profundidad la regulación comunitaria de las pesquerías de aguas profundas; dicha propuesta incluía disposiciones que eliminarían de forma progresiva la pesca de arrastre de fondo y de enmalle de fondo y requerirían una base científica clara de cara a establecer límites de captura. Este hecho ponía de manifiesto que la Comisión estaba firmemente comprometida a acabar con las prácticas pesqueras destructivas en los entornos de aguas profundas. Sin embargo, tres años después, las negociaciones aún no han terminado y los Estados miembros de la UE continúan divididos.
La UE podría convertirse en un actor mundial que cambie las reglas del juego en la lucha por proteger las aguas profundas. El paso más importante pasa por que la UE haga gala de liderazgo predicando con el ejemplo y finalice la reforma de su propio régimen no sostenible y mal gestionado de pesca de aguas profundas.

Pesca de arrastre: estudio respalda prohibición a partir de 600 m

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Esta semana se reúnen funcionarios de la UE para ponderar la aprobación de una nueva legislación comunitaria sobre la gestión de pesquerías en aguas profundas y, paralelamente, se presenta un estudio científico que plantea una solución pragmática para la protección de uno de los entornos más vulnerables del planeta.
Dicho estudio, A Scientific Basis for Regulating Deep-Sea Fishing by Depth, publicado en Current Biology [1], se basa en el análisis de las capturas de peces realizadas por buques de arrastre en aguas profundas del Atlántico nororiental, y, en el caso de la pesca comercial de arrastre a más de 600 metros de profundidad, concluye lo siguiente:
  • El número de especies que sufren el impacto de esta actividad aumenta significativamente debido al aumento de la diversidad a mayor profundidad;
  • Como consecuencia de ello, es probable que el porcentaje de capturas accesorias y descartes aumente exponencialmente;
  • La captura de especies particularmente vulnerables de tiburón y raya también aumenta enormemente a partir de 600 metros de profundidad;
  • Se reduce el valor comercial del pescado capturado.
Según los autores del estudio, “limitar la pesca de arrastre a una profundidad máxima de 600 metros podría ser una estrategia eficaz que se ajustaría a las necesidades de la legislación europea”.
En julio de 2012 la Comisión Europea presentó una propuesta para sustituir el fallido reglamento de pesca en aguas profundas en el Atlántico nororiental. Los 28 ministros de pesca de la UE todavía no han adoptado una posición, a pesar de que el Parlamento Europeo votó el nuevo reglamento en diciembre de 2013. Luxemburgo, que ostenta actualmente la presidencia de la UE, indicó que la negociación de una decisión del Consejo sobre dicha legislación es una prioridad y se ha previsto que las negociaciones se retomen en septiembre partiendo de un borrador que incluye un límite de profundidad para la prohibición de la pesca de arrastre de fondo y la pesca con redes de enmalle.
Hablan, sin embargo, de "retroceso" en términos generales

Las ONG valoran los avances en protección litoral y pesca ilegal en la legislatura

ip - 23 de noviembre de 2015Compartir en Facebook Compartir en Twitter     


Durante los últimos cuatro años España ha sufrido un “retroceso” en materia medioambiental, según creen las ONG españolas, que han realizado un balance conjunto de la legislatura a un mes vista de la celebración de las elecciones generales. No obstante, las organizaciones valoran los avances dados en materia de protección de la costa y las medidas ante la pesca ilegal. Así, entre los avances en materia ambiental destacan los pasos dados en la protección del medio marino mediante la creación de nuevas áreas LIC y ZEPA, el desarrollo de las estrategias marinas, las medidas adoptadas para luchar contra la pesca ilegal (IUU), el cumplimiento de los plazos de la planificación hidrológica y el comienzo de la reorientación de los fondos del agua hacia la depuración, así como la reforma del canon hidroeléctrico.
Pero a pesar de estos aspectos posivitos, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que “se ha perdido la oportunidad para implantar una gestión sostenible de los recursos, impulsar las energías renovables y avanzar en patrones de producción y consumo responsables que favorezcan el empleo verde y de calidad”.
A mayores de la crisis económica y social, estos cuatro año han estado marcados por una “crisis ambiental”, dicen, “debido al impacto creciente del cambio climático y a un déficit ecológico cada vez más grave y evidente”. Sin embargo las políticas del Gobierno no han contribuido a solucionar estos grandes retos ambientales, critican.
Para las cinco organizaciones no se ha aprovechado la oportunidad de reorientar el modelo productivo hacia la sostenibilidad ni se han aprobado medidas reales y eficaces que detengan el agotamiento de los recursos naturales ocasionado por su continuo despilfarro, la pérdida acelerada de la biodiversidad, el calentamiento global, la contaminación del agua, el suelo o el aire.
Ley de Costas y Red Natura
Así, entre los principales retrocesos en materia ambiental destaca “como más emblemática y grave” la reforma de la Ley de Costas, pero también el parón al desarrollo de las energías renovables, el impulso a las prospecciones petrolíferas en alta mar, una reforma energética que afianza el oligopolio y el control de las grandes empresas eléctricas, junto al escaso avance en calidad del aire o en el control de sustancias tóxicas.
El balance negativo continúa con una mención a la falta de financiación de la Red Natura 2000, la consolidación de un modelo agrícola intensivo y dañino para la biodiversidad y el medio ambiente, una planificación hidrológica que mantiene la sobreexplotación del agua, la falta de una auténtica fiscalidad ambiental, la reducción drástica de la ayuda oficial al desarrollo, las trabas para el acceso a la justicia o las medidas aprobadas para limitar y reprimir las protestas ciudadanas.